Los indígenas contra las haciendas
En el año de 1849 en Almoloya, una región de Apan, algunos indígenas tomaron medidas para evitar que el agua fuera utilizada exclusivamente por la hacienda Ocotepec, ubicada en este lugar. El dueño de la Hacienda, el Sr. Quintana Roo, entabló un juicio el cual ganó. Cuando el juez se dirigía a dar el fallo a los indígenas y a otorgarle las aguas al hacendado, los primeros se tiraron al suelo para no dejar pasar al juez, acto que era considerado como un delito de resistencia a la justicia.
Así mismo, los indígenas, acudieron al ayuntamiento de Apan a solicitar apoyo el cual les fue concedido, pero el juez acusó a los capitulares del municipio de ser quienes mueven a los indios y les aconsejan estos actos.
Esto fue lo que explicaron al gobernador del estado de México cuando los hacendados expusieron las causas del desosiego en el campo, y se dolieron por considerar que no son pacíficas las intenciones de los indios.
Ante las acusaciones de estos, los hacendados argumentaron que el dueño de la hacienda de Ocotepec no tenía intención de causar daño a los indígenas ni mucho menos de matarlos de sed: “lo único que se exige es que dejen el curso natural, porque han ensolvado el Huejocal, el cual ahora está brotando en una barranca donde nadie aprovecha el agua”.
Así como este, otros conflictos surgieron alrededor del siglo XIX y principios del siglo XX. La justicia estaba siempre al lado de los hacendados, todos los fallos hacia los indígenas se basaban en un principio establecido por Ignacio Vallarta quien argumento que “Las comunidades indígenas no tienen hoy una existencia reconocida por la ley, y por lo mismo no son personas morales ni pueden pedir amparo de la justicia federal.”
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